MADRID.- Carlos Dívar, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, y Aremi Rallo, director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), suscribieron el día 3 de mayo, un Convenio de colaboración sobre inspección de órganos jurisdiccionales en materia de protección de datos.

 

“El derecho a la protección de datos no fue considerado un derecho fundamental en la Constitución de 1978, tenemos que recordarlo. Es una creación jurisprudencial del Tribunal Supremo, respaldado por el Tribunal Constitucional, y debemos felicitarnos por ello”, declaró el presidente Dívar en los minutos precedentes a la firma, que tuvo lugar en el Salón de Plenos del órgano de Gobierno de los jueces.

 

“El Convenio que hoy firmamos –añadió Dívar- desarrolla la normativa en materia de protección de datos. Y tiene una característica singular que es la colaboración de los inspectores del CGPJ y los inspectores de la Agencia de Protección de Datos”.

 

De acuerdo con el mencionado Convenio, cuando la AEPD tenga intención de inspeccionar un determinado órgano jurisdiccional para verificar si existe una posible infracción del derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal, se pondrá en contacto con el CGPJ y fijarán una fecha para llevar a cabo dicha inspección.

 

Los inspectores asignados por la AEPD realizarán la visita de inspección al órgano judicial en cuestión acompañados de los inspectores del CGPJ. Una vez finalizada, los primeros entregarán una copia de su acta a los segundos.

 

“Con este Convenio se crea, además –prosiguió Dívar-, una Comisión de Seguimiento, formada por tres representantes del Consejo y tres de la Agencia para asegurar que se cumple como debe de ser. Asimismo, se podrán crear los grupos de trabajo necesarios para el buen cumplimiento del Convenio, con otras administraciones”.

 

El director de la AEPD, por su parte, calificó el Convenio como de “salto importante en la protección de datos. Un derecho que en España está vigente desde 1992”.

 

“En lo que se refiere a los jueces, el derecho a la protección de datos tiene una doble dimensión porque, por una parte, ellos son los garantes del derecho a la protección de datos de carácter personal y, por otra, son los responsables de la información personal  que se recoge y se sustancia en la documentación”, declaró Rallo, que se mostró particularmente feliz con la firma de este acuerdo que tendrá una indefinida si ninguna de las partes lo denuncia.